Lo que más me preocupa de toda esta polémica es que las empresas adjudicatarias tienen algo así como un self-service en las Administraciones Públicas. Y eso es algo para denunciar, así de simple.
Concretamente, de todos es sabido que el proyecto de renovación del Congreso es obra de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Indra y Telefónica, y a la vista están los resultados.
Pero esto no es nuevo, concretamente en 2005 el Observatorio de Voto Electrónico realizó un análisis de la Prueba de Voto Electrónico con motivo del Referendum para la aprobación de la Constitución Europea, cuyo detalle podéis ver en este enlace:
leer más